EL INFORME DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD: LA VERDAD ENREDADA. AGUSTÍN HAYA DE LA TORRE.

EL INFORME DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD: LA VERDAD ENREDADA (*)

El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la primera en su tipo que analiza la responsabilidad de regímenes democráticos en un conflicto armado interno, era esperada con expectativa al punto que tenía defensores y detractores mucho antes de hacerse pública su constitución.
El discurso de presentación ofrecido por Salomón Lerner Febres, su presidente, despertó la polémica. Quienes esperaban precisiones y señalamiento de responsabilidades tras dos años de trabajo, encontraron más bien acusaciones genéricas y una cifra sorprendente de 35 mil víctimas fatales más de las que diversas fuentes habían coincidido  por años en registrar. La «clase política» aparecía como la gran responsable por omisión, mientras que a muchos le pareció que quedaba disminuida la responsabilidad de Sendero Luminoso.
En Ayacucho, dio un segundo discurso donde los temas quedaron más claras en cuanto a la culpabilidad de la banda terrorista (pese al equivocado empeño en designarla como  partido político) y a las violaciones de la ley por parte de las fuerzas armadas policiales. Quedaba también establecido el acento en la descripción etnográfica de la sierra central donde se concentró la violencia, fórmula que va a ser la base de su propuesta política para alcanzar lo que la CVR entiende por reconciliación.
Hay que reconocer el esfuerzo importante de recoger 17 mil testimonios de deudos de víctimas de la violencia, que denuncian los crímenes de Sendero Luminoso y las graves violaciones cometidas por las fuerzas del orden para derrotar la sedición senderista.
La catarsis que para miles de familiares y supervivientes significó ser escuchados no  puede ser desdeñada. En un momento doloroso de la historia contemporánea hay que sacar conclusiones que eviten que este trágico episodio se repita, para afianzar las normas de la convivencia pacífica.
Confusión

El informe de la CVR presenta conceptos ambiguos, estadísticas extrañas y límites en sus  propuestas que deben ser analizados. El sesgo etnográfico se superpone al análisis político, sobre todo en las conclusiones. Aquí se nota la huella de la corriente académica estadounidense del multiculturalismo y su empeño en fabricar diferencias políticas a partir de la diversidad étnica, que la Comisión traduce en una confusa recomendación al final de sus condiciones.
Al subsumir el análisis político en el etnográfico y en la ideología multicultural, queda la impresión de que la violencia se debe a la discriminación racial y a la pobreza.
Así se menoscaba la causa principal que trazó SL, que constituía la estrategia de lucha  por el poder para imponer su dictadura totalitaria. No hay que olvidar que este grupo desata su acción terrorista contra el momento histórico de refundación constitucional de la República que abre la Asamblea Constituyente de 1978. En ese instante, Sendero define su actuación en contra de la democracia y el pluralismo y renuncia a ser un partido, para convertirse en una facción que rechaza brutalmente la convivencia política.
Este elemental punto de partida queda relegado en el análisis y es suplido por la metáfora izquierdista de la «violencia estructural», cuyas expresiones serían la miseria y el racismo. La consecuencia de este punto de vista inevitablemente lleva a excusar el discurso antidemocrático. Es decir, si somos un país con 54% de pobreza y si la pobreza y la discriminación se superan mediante la violencia, no solo la subversión de SL acabaría por  justificarse sino que deberíamos estar en una guerra civil permanente.
Los senderistas se alzan contra la apertura democrática conquistada tras las movilizaciones sociales y políticas que lograron que los militares regresen a los cuarteles, tras la larga dictadura que se inició en 1968. Ellos fueron el único grupo político que se autoexcluyó de la transición democrática, a partir de la decisión arbitraria de querer imponer por las armas la dictadura, de su minúscula y prácticamente desconocida facción, a toda la sociedad.
Esta noción no aparece con precisión en las conclusiones de la CVR. Ello les impide apreciar con exactitud que el escenario de la violencia lo escogió SL, en su estrategia de atacar al Estado en las zonas rurales para controlarlas militarmente, para luego avanzar sobre las ciudades. No tenían como objetivo ganar el apoyo del campesinado sino imponer su presencia armada y sujetarlo a su voluntad por la fuerza. Es decir, el componente principal de su acción no era política, sino la violencia. La violencia a su vez se resumía en un solo mecanismo: el terror, para paralizar la resistencia civil y subordinar a las  poblaciones.
El «pensamiento Gonzalo» había dejado así sus orígenes maoístas, puesto que para los comunistas chinos la alianza de clases y la política de frente único con la burguesía nacional se consolidaban como pilares de su estrategia revolucionaria. No hay que olvidar que el maoísmo, en ese mismo momento, fomentaba en la propia China, un intenso proceso de modernización capitalista y apertura exterior. SL se acercaba más bien a esa otra  perversión del marxismo asiático que encabezó Pol Pot, quien sembró de muerte los campos de Camboya con sus acciones genocidas en los años setenta, al querer imponer una retrógrada sociedad campesina.
Con la misma miseria intelectual del fenómeno polpotiano que dinamitó los bancos  para eliminar el capitalismo; el liderazgo senderista imaginaba un Perú semejante al Asia feudal de principios del siglo XX. Desde su obsoleta concepción campesinista, rechazaban cualquier rasgo que tuviese que ver con el funcionamiento del mercado y toda expresión del desarrollo capitalista. Así, se convirtieron en enemigos de las ferias pueblerinas y hasta de la crianza de ganado, matando auquénidos y vacunos en su delirio.
El afán etnográfico de la CVR confunde ciertas modas antropológicas con el análisis  político, lo que abre el flanco a las críticas. Al incidir en la responsabilidad de la clase  política y en el lamento por la pobreza real que afecta a los bolsones quechua hablantes de la zona, dejan la impresión, tanto de una cierta justificación para el terror senderista como, contrario sensu, de que las violaciones de la ley de los militares se deben a las características étnicas de las víctimas.
Esto se agudiza cuando se descubre la desproporción entre la enorme cantidad de víctimas fatales que anuncian ahora y las escasas denuncias judiciales que van a presentar. Apenas 73 casos que involucran solo unas cuantas decenas de muertos, cuando su principal conclusión es que hay 35 mil víctimas más de lo que se suponía.
Afirmar que la clase política es la gran responsable y que la culpa es política y ética, y no penal, es el resultado de una confusión que deviene del enredo de criterios para juzgar los hechos. La propia noción de «clase política» definida en 1896 por Gaetano Mosca, tiene un claro aliento conservador y es parte de la crítica elitista de la democracia y del rechazo al sufragio universal que esa corriente plantea desde fines del siglo XIX. No por gusto el término ha sido resucitado por el neoliberalismo y fue uno de los caballitos de batalla del fujimorismo en su crítica a los partidos.
Esta mezcla hace que por momentos resultemos todos culpables, de que la mayoría de muertos sean campesinos quechua hablantes, cuando el terreno de la violencia lo escogió la estrategia senderista. De allí deducen que eso confirma las brechas culturales, cuando en realidad es la constatación de una determinada concepción de la guerra, mediante la cual querían controlar esas zonas para avanzar luego sobre las ciudades.
Dicho de otro modo, si nos detuviésemos en el análisis étnico de los coches bomba en Lima, en Tarata o Villa El Salvador, descubriríamos con absoluta seguridad que el 100% de las víctimas eran hispanohablantes, que los de Miraflores pertenecían a sectores de clase media alta y las de los conos a segmentos populares. Ello no nos autoriza a deducir el desprecio étnico de SL por esas víctimas. Eran objetivos de su política de terror, de su estrategia para conquistar el poder.
Se pierde entonces de vista que el crimen histórico de SL fue, como sostenemos, alzarse contra un momento de refundación democrática y constitucional de la República. Decisión cuya responsabilidad aumenta porque ni siquiera tenían una alternativa  programática medianamente articulada, solo la voluntad desaforada de conquistar el poder e imponer su dictadura totalitaria.
La obligación de la democracia era por tanto defenderse. Aquí se abre el otro  problema, el de las cúpulas militares educadas en la tradición de las dictaduras y las  políticas de la Guerra Fría, lo que se traduce en el débil aprecio por los principios democráticos y constitucionales.
Por eso, cuando les ordenan intervenir en 1983, creen que SL es el brazo armado de una amenaza externa a la que simplemente hay que exterminar, si es preciso, acabando con todo lo que lo rodea. Si a esta errada noción se añade la falta de educación democrática, fruto de largos años de dictaduras militares y la discriminación racial propia de una sociedad escindida y autoritaria, el camino de la violación de los derechos fundamentales estaba abierto.
Por supuesto que esto no es una excusa y corresponde la mayor responsabilidad en el señalamiento de las violaciones de la Constitución y las leyes cometidas por los agentes del 
Estado. Esta debió ser una tarea muy precisa de la CVR, para replantear la acusación penal en los casos en los cuales no se hubiese producido o fue encubierta por los poderes del Estado y los tribunales militares.
Cifras fatales
Todo esto se complica por el sorprendente cálculo de los muertos y desaparecidos.
Después de leer las 43 páginas de la explicación estadística de cómo han llegado a la cifra «más probable de 69 280 víctimas fatales» (segunda conclusión del informe CVR, www.cverdad.org.pe), a partir de la cual Lerner y la CVR articulan sus conclusiones, hay apreciaciones que llaman la atención y deben ser analizadas con rigor:
La fundamentación se hace por los perdidos entre los censos del 81 y del 93 en Ayacucho y zonas aledañas. El supuesto para aplicar las fórmulas estadísticas es que le atribuyen a la migración que se da de 1982 a 1987, sobre la que no existen datos oficiales, un promedio parecido a la migración que va de 1988 a 1993, periodo sobre el que recién se vuelve a obtener datos.
La CVR advierte que los procesos de migración «son los más complicados de estudiar». Sin embargo, asumen que dos tercios de los perdidos son muertos o desaparecidos. ¿No pueden ser desplazados? ¿Por qué la cifra de migrantes en los años en que no hay datos la asumen como constante? ¿No pudo haber picos que expliquen la súbita aparición de la población migrante en zonas marginales de Lima e lca? ¿Por qué no se investigó el origen de los miles de desplazados?
Los datos de víctimas probadas son poco más de 24 mil, de los cuales hay 18 397 identificados. Cruzando las cinco fuentes oficiales y privadas que usan, obtienen 24 692 nombres de muertos.
La estratificación para construir patrones la formulan luego de reconocer que las víctimas realmente encontradas están diseminadas y por tanto no pueden cruzar adecuadamente la variable geográfica con la de tipo de perpetrador. Como no pueden hacer eso, suponen muertos «no reportados» y «no documentados», tautología insostenible en materia penal.
El método usado, Estimación de Múltiples Sistemas (EMS), nació en 1980 para calcular poblaciones de animales silvestres y se aplica a la corrección de censos.
Señalan que se utilizó en Guatemala y en Kosovo. Lo maneja la American Association For Advancement of Science, uno de cuyos equipos ha elaborado el análisis. Ello no aclara las dudas sobre la debilidad con la que han construido los supuestos.
En Guatemala, el conflicto desatado por dictaduras terribles y sanguinarias, duró de 1960 a 1996 y la información recién se empezó a elaborar a partir de 1994. Por eso hubo que hacer estimaciones en vista de la carencia de datos oficiales y la feroz represión que no  permitía que la sociedad civil fiscalice nada. En Kosovo hubo una guerra de tres meses entre abril y junio de 1999, con bombardeos de la OTAN que demolían ciudades, mientras los militares de la dictadura de Slobodan Milosevic arrasaban los pueblos de etnia albanesa.
Los que elaboraron la proyección argumentan que «en 1986 hubo 1 millón 900 mil  personas mayores de edad indocumentadas, sin libreta electoral. Cuarenta mil personas constituyen el 0.1% de la población nacional actual... (Por tanto) es un estimado bastante realista», (David Sulmont en la revista Idéele, setiembre 2003). La inconsistencia de la respuesta es dramática: ¿qué tienen que ver asesinados con indocumentados? Probablemente muchos lo sean, pero normalmente uno es hijo de alguien o tiene familiares, amigos o vecinos que denuncian el hecho. La propia víctima tiene un componente clave en la denuncia: el cadáver es muy difícil de desaparecer y en gran número es imposible. Por lo demás, el vínculo social es más fuerte en las pequeñas comunidades y familias campesinas que pueblan la sierra central y a ello se debe la presión de los deudos y los testimonios conocidos durante los años del conflicto. El número de desaparecidos que investigan las autoridades no llega a setecientos, dato que la Comisión no valora.
De los más de cuatro mil sitios de entierro que señalan, donde habría «al menos un cadáver», solo recopilaron información preliminar  de dos mil. Es decir, no solo no existe cómo cuadrar las cifras, sino que al parecer no les dieron mayor importancia. Las referencias pueden no haber sido muy sólidas, porque en dos años apenas se efectuaron tres exhumaciones.
El problema es muy serio porque las conclusiones del informe se sustentan en la acusación de que hubo 35 mil muertos más de los que todas las organizaciones públicas y  privadas (organismos de derechos humanos incluidos) recogieron. La acción subversiva de SL se dio contra el régimen constitucional, con plena libertad de prensa y de información. Hasta SL tenía sus voceros de prensa, dentro y fuera del país, en los que reivindicaban sus crímenes.
Por eso, el seguimiento era cotidiano y las organizaciones públicas y privadas difundían los datos de la acciones de violencia permanentemente. Asumir 35 mil muertos más es sostener que ni las FF. AA., la Policía, SL, el Gobierno o las organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales se dieron cuenta de lo que pasaba. Es suponer que nadie vio esa hecatombe, al extremo que tampoco hay quien reclame por esa multitud de desaparecidos. Esto nos lleva a una sorpresa mayor. La CVR no investigó lo que descubrió y hasta dejó de lado, sin explicación, las exhumaciones que hubiesen podido verificar la matanza de 40 mil indocumentados.
La propia comisión solo ha recogido 17 mil testimonios y 24 mil reportes, pero ningún dato que dé una prueba sobre las 40 mil víctimas no reportadas y no testimoniadas. Precisemos que la cifra de 69 mil es el promedio entre 61 mil y 77 mil.
Perdido o desaparecido, por más indocumentado que sea, no es sinónimo de fantasma. Entonces, ¿dónde están los familiares, vecinos o amigos de estas personas? Si aplicamos la misma fórmula estadística de la CVR, debería haber entre cincuenta y cien mil personas  buscando a los desaparecidos, como ha venido sucediendo con parte de los 25 mil y como  pasa en todos los otros procesos semejantes en el mundo. Aquí han descubierto decenas de miles de víctimas sin deudos.
Hay una contradicción evidente entre los encargados del área estadística y sus abogados penalistas. Estos últimos, al parecer por experiencia profesional, no creyeron ni en las versiones recogidas ni en supuesto usados en las proyecciones. Se limitaron a recomendar la presentación ante la justicia de los casos en los que sí había pruebas serias.
Conclusiones inconclusas
Hay algo muy inconsistente en todo esto que deja preguntas sin respuestas. Sobre todo  porque solo han presentado 73 denuncias ante la Fiscalía de la Nación, todas conocidas, que involucran a unas cuantas docenas de víctimas. Es decir, no hay una sola denuncia sobre las 40 mil nuevas víctimas que han descubierto. La propia Defensoría del Pueblo tiene en investigación apenas a 694 desaparecidos.
¿Qué pasó? Es probable que los encuestadores no hayan estado bien preparados y que tomaran como referencia comentarios más bien difusos e inconsistentes. Con eso pueden haber fabricado un patrón sin mayor solidez. Asimismo, prejuicios devenidos de la moda multiculturalista los llevaran en el trabajo de campo a creer todo lo que le contaban, versiones en muchos casos alimentadas por la expectativa sembrada de la recompensa material.
En realidad no había necesidad de hacer algo así y es probable que su difusión devenga de un mal cálculo de tiempo, que no les permita consolidar los datos al vencerse el plazo. 25 mil muertos más otros 8 mil probables que la propia CVR considera, es una cantidad monstruosa y la tarea es señalar responsables para sancionarlos y evitar que esta tragedia se vuelva a repetir. Tampoco, por cierto, se trata de eludir responsabilidades genéricas que las hay. La necesidad de hacer precisiones es urgente porque SL sigue activo. Fujimori mintió una vez más y nunca llegó a exterminarlo. Si vacilamos sobre su condición de partido  político y no ratificamos su carácter de facción terrorista, no habremos dado un solo paso adelante, de la misma forma que si no se juzgara o se amnistiara a los agentes del Estado que violaron derechos fundamentales.
Hay procesos penales que deben seguir su curso y está la tarea de consolidar la educación democrática entre militares y policías. La CVR pudo concluir con mayor contundencia su tarea si se centraba en la denuncia del encubrimiento de muchos casos por los jueces militares, en la necesidad de corregir los errores procesales de la dictadura y si se empeñaba en verificar nuevos testimonios para poder presentar las respectivas acusaciones  penales.
Resulta probable que la enorme cantidad de testimonios recogida en un invalorable esfuerzo, sirva para que el Ministerio Público y la defensoría del Pueblo disciernan los que contengan indicios probatorios y puedan abrir nuevos procesos que permitan sancionar a aquellos criminales que hasta ahora han escapado de la ley.
¿Cuál reconciliación?
Nos queda un último aspecto: la reconciliación. Sustantivo añadido por el Gobierno de Alejandro Toledo y que hasta ahora nadie sabe muy bien qué significa. Las conclusiones de la CVR confunden más el concepto al proponer «la reconciliación corno un nuevo pacto fundamental entre el Estado y los peruanos», adecuándose a «una meta general que es la deificación de un país que se reconozca positivamente como multiétnico, pluricultural y multilingüe. Tal reconocimiento constituye la base para la superación de las prácticas de discriminación que subyacen en las múltiples discordias de nuestra historia republicana». Esto es lo que proponen en los dos únicos y últimos párrafos (170 y 171 de la versión en línea) que le dedican en sus conclusiones al tema.
Es pues la confirmación del sesgo de origen multiculturalista que caracteriza el informe. No se trata de negar la sociedad multiétnica como un dato de la realidad existente,  pero ello no es ningún descubrimiento. Ya los censos coloniales, desde el virrey Toledo en 1572 hasta el de Gil de Taboada y Lemos en 1795, daban cuenta de esa diversidad. Durante casi toda la República el censo racial fue una costumbre hasta 1981.
El combate a la discriminación es una tarea pendiente, pero no se resuelve al reconocer lo que es evidente. La alternativa es el compromiso con un proyecto político que permita la integración de la diversidad, es decir la democracia que tenga como principio los derechos fundamentales y se sustente en la búsqueda de la cohesión social y en la interculturalidad. Ya Víctor Raúl Haya de la Torre y José Carlos Mariátegui, al fundar la política moderna en el Perú, señalaron que el problema del indio era económico, social y político. Por eso, no deja de sorprender que en las conclusiones no se mencione que la tarea sea construir la democracia con justicia social.
La débil concepción de la «reconciliación» etnográfica oculta uno de los más importantes logros de la CVR: haber conseguido que Óscar Ramírez Durand, líder de la última facción armada de SL, y los dirigentes del MRTA Víctor Polay y Gálvez Olaechea se arrepientan de su pasado violento y se adhieran a los principios democráticos. Este es  precisamente el punto capital de una verdadera reconciliación.
Que los actores de la lucha armada renuncien a la violencia y se pasen al campo de la democracia. Empiezan a entender lo que decía José Martí desde fines del siglo XIX: «donde el sufragio es ley, la revolución está en el sufragio». El sufragio universal es ley en el Perú, desde la Constitución de 1979. Recién entonces podrán actuar como políticos y no como facciosos enemigos de la convivencia.
Si esto es así, estará abierto al camino de la verdadera reconciliación.
POSTDATA:
 Daniel Manrique Vallier, asistente de la CVR, elaboró una consultoría para la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, en mayo-junio del 2005, donde concluye que hubo 13,298 víctimas (9,781 muertos y 3,327 desaparecidos). La consultoría se denomina “Muertos y desaparecidos por el proceso de la violencia política mayo 1980 –noviembre 2000”. Fue financiado por la cooperación oficial del Reino de Bélgica.
(*) Artículo Original de:

Agustín Haya de La Torre

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